Pudiese remitirme a
aquellos lejanos años (pero muy presentes todavía) de Carlos Salinas de Gortari
donde la maquinaria del PRI y suya propia arrasaban en el Congreso de la Unión
para legalizar sus negocios particulares, a los cuales les llamaron privatización.
También cuando los legisladores aprueban reformas legislativas para beneficiar
a pequeños grupos de poder: Fobrapoa, Régimen de Pensiones, Ley del IMSS y un
largo etcétera de ejemplos. Sin embargo dejo como referencia primaria la roqueseñal,
aquella que en 1995 nos enmendó Roque Villanueva, líder de la Cámara de
Diputados en ese momento, justo cuando fue aprobado el aumento al IVA, ISR y
demás impuestos para enmendar el “error de diciembre”.
Por lo visto una
actuación normal del Poder Legislativo de México se considera cuando están
creando o reformando leyes a espaldas de la mayoría y siempre para beneficiar a
un pequeño sector de la población. Así fue aprobada la Ley del Servicio Docente,
el primero de septiembre, en una Cámara de Diputados cercada por 2 kilómetros
de fuerzas armadas que incluían drones no tripulados (http://bit.ly/1cMpwhN), tanquetas lanza-agua (http://bit.ly/1aSSmPh) y camionetas del
ejército artilladas (http://bit.ly/1dKMzwo).
En un despliegue, nunca mostrado ni en la “guerra” contra el crimen organizado.
¿Qué esconde la ley
para ser aprobada de esa manera?, pues una trampa contra el profesorado
insurgente que por siempre ha buscado la ruptura de la mafia sindical y su
colusión con los gobiernos federal, del Distrito Federal, además de los
estatales; la famosa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE); considerados cuasi delincuentes por ellos, incluidos los medios de
comunicación. Ellos son quienes cada 15 de mayo se manifiestan solicitando
mejores condiciones de trabajo, no fallan, por eso son ya una piedra en el
zapato del gobierno príista de EPN.
Aún de todo esto, el
concepto de alta traición puede sonar muy grande, sobre todo si sabemos que así
han sido los gobiernos después de la revolución de 1910, solamente respondiendo
a los intereses personales de los gobernantes en turno. No, lo que hizo la LXII
Legislatura fue algo que sobrepasó por mucho a las chicanadas legales y
corruptas de sus antecesores. De ahí que se ganen en el adjetivo de traidores
de alto nivel, por las acciones realizadas el primero de septiembre pero sobre
todo por la Ley que aprobaron al ser contraria a los profesores, al pueblo, a
la mayoría.
La causa principal de
la Alta traición por parte de los diputados fue haber creado una comisión que
se reunía cotidianamente desde el 20 de agosto para negociar la inclusión de
sus demandas en el conjunto de leyes por fueron aprobadas. Inclusive ese 1º de
septiembre tenían una cita a las 19 horas en un salón del Hotel Imperial (que
fue contratado por la Cámara) para continuar la negociación, sin embargo a las
8 de la noche comenzó la sesión donde se aprobó esa ley sin incluir ningún tipo
de sugerencia o propuesta, mismas que “discutían” profesores y diputados. A eso
se le llama traición.
El mejor argumento
para sostener el adjetivo de alta traición cometida por los diputados es el
análisis del documento que se votó, mostrar no solo las injusticias escritas en
él y sino demostrar que la Ley del Servicio Docente está hecha en las rodillas
con varias deficiencias legales. Esto creará lagunas que pueden ser
interpretadas para beneficio sea, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) o del mismo Gobierno Federal. Incluso se pueden convertir en
contra de los profesores que hacen uso de sus derechos a la manifestación y a
la libre expresión.
A partir de aquí
comienzo a citar el dictamen presentando al pleno de la Cámara y publicado en
la gaceta Parlamentaria la mañana del primero de septiembre (http://bit.ly/18Bys5h), que fue votado sin
cambio alguno. Como inicio hago una serie de señalamientos para ser complementados
más adelante, el primero de ellos se ubica en la Metodología señalada en la
página 4 que a la letra dice se “elaboró el presente dictamen a partir de un método analítico que le posibilitó
identificar los aspectos generales”.
Luego, en la página 6
se describe: “En este orden de ideas, esta iniciativa recoge opiniones de
maestros, autoridades, expertos y representantes de la sociedad”. Continúa de
la misma página: “Se destaca que la Iniciativa en estudio tiene bases
educativas y referenciadas al cumplimiento de la obligación atribuida al Estado
para garantizar la calidad de la educación obligatoria. Nada más falso,
reflejado en la cantidad de maestros que actúan en las protestas.
Finalmente, ya en el
cuerpo de la ley, en su artículo 4 hacen mención a la figura de “aplicador”, “evaluador”,
personal con funciones de dirección”, “funcionario con funciones de supervisor”
y “servicio de asistencia técnica a la escuela”. Todas estás menciones tienen
que ver con el análisis de fondo del documento y sobre todo para mostrar que los
diputados firmaron algo mal elaborado.
En los primeros Artículos
la ley establece cuales son las atribuciones, así como las competencias que
deberán tener el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) y la
Secretaría de Educación Pública (SEP). También involucra a las dependencias
estatales de educación en el proceso de evaluación que es el objetivo central
de esta Ley del Servicio Docente, cuyo objetivo es la selección, ingreso, permanencia
y reconocimiento del docente a nivel primaria, secundaria y preparatoria,
únicamente.
El problema viene en
el Artículo 15 donde habla de la “evaluación interna” que se entiende como un
evento previo a la presentación ante el INEE y aclaro: es dentro de los muros
de cada escuela “sin procedimientos de sanción ni procesos administrativos o
laborales (artículo 20). Grave situación, sabemos bien que estos procesos son
de ubicación de personas con ideologías contrarias al sindicato, porque son ellos
quienes nombran al personal de supervisión y/o de dirección mencionados
previamente. Así han actuado y esta ley, por sus lagunas lo seguirá permitiendo,
pero ahora para identificar a los revoltosos que “alteran la vida académica”.
Abundando, la SEP no
tiene un contrato colectivo de trabajo con el SNTE, sino es un Reglamento de
las Condiciones Generales de Trabajo del Personal que data de 1946 (http://bit.ly/1dKN1us), hace 67 años, que aún
rige las relaciones entre la Secretaría y el sindicato. En ese documento se
hacen tres ramas de trabajadores: docentes, administrativos, además de técnicos.
Todo personal que no desempeñe labores docentes o técnicas con conocimientos
acreditados son los llamados administrativos, incluyendo al personal con cargos
de supervisión y de dirección. Sea, los
evaluadores seguirán siendo miembros activos del SNTE.
Esto se hace más
fuerte todavía en el Artículo Segundo Transitorio donde solamente dice “se
derogan todas las disposiciones que se opongan a este derecho”. Quisiera
interpretar que la Ley del Servicio Docente “deroga” el reglamento que rige la
relación de todo el personal de la SEP sin importar si es docente, técnico o
no. Es una alguna enorme donde caben todos los trabajadores administrativos de la
secretaría, no solo ello, crea un vacío legal muy fuerte donde los únicos
afectados son los profesores.
A esta molestia se le
agrega la amenaza del artículo 76 donde se perderá el nombramiento con la
inasistencia durante tres días en el transcurso un mes. Se amenaza al personal
docente no solo con despedirlos, sino la ley dice que “sin necesidad que exista
resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus
equivalentes en las entidades federativas”. Situación contraria a la Constitución
y el derecho de audiencia, que deben respetarse al seguir los procedimientos de
denuncia, resolución y sentencia; incluso de apelación.
Y entonces caemos al
gran eterno problema de la educación en México: el otorgamiento de plazas o
dación mejor dicho. El Artículo 22 es letal en este sentido, ya que serán la
Secretaría y sus organismos estatales las que después del periodo inducción ellos
verificaran “si hay condiciones de aprendizaje en los alumnos y si cumple con
las exigencias propias de la práctica docente”; la SEP en conjunto con el
sindicato y los gobiernos estatales lo verificarán, básicamente más de lo mismo
como se ha vivido hasta ahora. Porque entre ellos se ponen de acuerdo para las plazas
heredadas y dadas a personal sin capacitación alguna, ahora con un dedazo
pasarán todos los controles de “evaluación”; debiese ser el INEE quien otorgue
las plazas pero no, el Gobierno Federal ni el sindicato nunca lo aceptarían.
Evidentemente, ¿quién
selecciona al personal de dirección, de supervisión, a los evaluadores y a los
aplicadores?: pues el sindicato. Por lo tanto esta Reforma Educativa solo es para
despedir a todo profesor que no comulgue con las ideas de la SEP, los gobiernos
estatales y el SNTE; tal y como han intentado hacerlo ahora sin lograrlo. Por
ello mismo aseguro categóricamente que no hubo ningún método analítico (más
bien político) como a decir de los diputados se hizo para elaborar la Ley del Servicio
Docente.
Por ello el problema
no fue Elba Esther Gordillo, sino que para diputados, senadores y el Gobierno
Federal el centro de la problemática es la CNTE y sus actividades al reclamar
que sus derechos no sean violados. Ahora, a través de la alta traición, lamentablemente,
serán erradicados con la Ley del Servicio Docente… Si se dejan.
